Es común que muchos les gusta opinar sin informarse, sólo a partir de un título sin leer el texto de la nota, o de un comentario que dijo alguien al pasar, un rumor malintencionado, y hacerse eco de ello, reproducirlo sin más objeto que dejar en claro su tan apreciado dictamen respecto al tema en cuestión. Esta semana, sobre el subsidio a las personas trans en Capital Federal, ocurrió esto. No obstante, hay quienes estamos obligados a hacer exactamente lo contrario; a informarnos, a leer, a investigar e indagar y reflexionar críticamente, al menos un poco, para dar cuenta de la Educación gratuita y de calidad que recibimos, si no se quiere hacerlo desde el mínimo posicionamiento de empatía.
En primer término, se desmintió rápidamente la información que el diario La Nación – y los otros – divulgaron. El proyecto presentado por María Rachid (Legisladora en la CABA por el FPV, y asociada activa de la Federación Argentina de LGBT) no se reducía simplemente a darles 8000 pesos mensuales a "los travestis", o "los que se pusieran una peluca y un par de tacos". Se trataba de un proyecto de ley (“proyecto”, no “ley”) presentado en 2012, que contemplaba por parte del gobierno de la Ciudad de Bs As una pensión no contributiva mensual a las personas trans —es decir, travestis y/o transexuales de ambos géneros— mayores de 40 años, que hayan realizado el cambio de identidad en el registro civil, de acuerdo con la ley de identidad de género, aprobada por el Congreso y promulgada en 2012 (toda una conquista en inclusión e igualdad de derechos, ejemplo en el mundo). Dicho proyecto – que por cierto, perdió estado parlamentario – fijaba una suma de 1200 unidades fijas. De haberse aprobado en 2012, la pensión hubiera sido de $1992, y en 2013 de $2400, de acuerdo al valor de la unidad fija. ¿De dónde salieron los $8.000? Es que, para este año, el gobierno porteño aumentó considerablemente el valor de la unidad fija, con el objeto de recaudar más dinero en multas, y de estar vigente esta pensión sería de $7680. Más allá de los montos y de la tergiversación de los medios sobre este proyecto a fin de causar malestar social y malograr la opinión pública (objetivo logrado, parece), lo que verdaderamente importa (me importa) es el oleaje de opiniones que escuchamos y leímos todos, y que considero no sólo discriminadoras y malintencionadas, sino apresuradas. Y por ello, invito (deseo) a una mínima reflexión.
Cabe aclarar que el proyecto de ley que contemplaba esta pensión a las personas trans, en realidad formaba parte de un conjunto de proyectos de políticas públicas en el ámbito de la educación, la salud y el trabajo, entre otros. ¿Y por qué? ¿Es que las personas trans son vagas o incapacitados, que sólo les gusta “trabajo” sexual? Ahí radica el problema, muchos creen que es así: ser trans implica, para ellos, prostituirse por gusto. Esta posición es prejuiciosa y desinformada. Escuchamos a varios diciendo que las travestis pueden conseguir trabajo o educarse como cualquier otro, que tienen las mismas posibilidades y que nada se los impide. De ser así ¿dónde están? Porque no los veo. A excepción de algunos pocos casos, no veo a las trans atendiendo un quiosco, en algún puesto de recepción administrativa, en la escuelas o universidades como estudiantes o profesores. Tampoco las veo en puestos de empresas o bancos. Por demás, cuando apenas una chica o chico trans irrumpe en un espacio público, nosotros los , nos quedamos viéndolos hasta ponerlos incómodos, no aceptando su exterioridad. Un estudio indica que el 41% de las y los transexuales intentó al menos una vez suicidarse. ¿Por qué será?
Un informe del INADI revela que el 84% de las personas transexuales de nuestro país no terminó la secundaria, el 64% tiene la primaria incompleta y el 95% se dedica a la prostitución. Según investigaciones citadas en dicho informe, el 86% sufrió abusos policiales, y el 91% algún tipo de violencia, por su condición de género. Entre las causas de muerte, una investigación de la ALLIT señala que en el 60% de los casos se trata de enfermedades asociadas al SIDA, y un 20% por asesinato. Sólo desde enero de 2008, en el mundo, asesinaron a 1500 transexuales – la mayoría, trabajadoras sexuales – y el 80% de ellos se produjo en Latinoamérica. Pero de todos estos datos resulta uno más escalofriante, o al que hay que tener especial atención, y es que la esperanza de vida de una persona trans, en Argentina y en Latinoamérica en general, es de 35 y 40 años (recordemos que en nuestro país la esperanza de vida promedio es superior a los 70 años). Por lo tanto, el proyecto de Rachid alcanzaría a las y los trans “sobrevivientes”.
La violencia social e institucional que reciben las personas transexuales en nuestro país las hace constituir un grupo altamente vulnerable. Abandonan las escuelas por la fuerte discriminación recibida, son excluidas del mercado del trabajo, sufren el abuso policial como ninguno de nosotros, experimentan situaciones de pobreza, drogas y alcohol en más oportunidades promedio que otros grupos. No olvidemos que, en su mayoría, son rechazadas por su familia, además que por la sociedad.
Una vez más, no puede decirse que ser transexual corre con la misma igualdad que ser heterosexual, ni siquiera a ser lesbiana o gay. Porque no se trata de orientación sexual, sino de una cuestión de género, de identidad de género precisamente, que no hemos resuelto ni aceptado como sociedad. Por ello, si después de obtener mínimos datos estadísticos acerca de las personas transexuales, de cuáles son sus condiciones de vida y existencia, de cómo la mayoría no vivirá más de 40 años y no cambiamos un poco nuestro parecer, o bien reflexionamos más solidariamente en vez de hacerlo con los prejuicios. Si seguimos pensando con el bolsillo y ante un proyecto de ley como el de Rachid decimos “me voy a poner una peluca para que me den un subsidio”, entonces, asumámonos como discriminadores y transfóbicos, y sigamos asistiendo al triunfo de la muertes silenciosas.
Maria Victoria Godoy
Estudiante de Ciencias Políticas de la UNSJ
