Hace unos días -antes que se conozca algún proyecto concreto- la Iglesia Católica se expidió en duros términos respecto de la posibilidad de democratizar la Justicia. Al respecto algo se puede reflexionar y debatir.
Hasta hace unos días nomás, nadie dudaba del deficiente desempeño del Poder Judicial (que está lejos de ser la Justicia) y tampoco, nadie duda sobre la necesidad de su reforma, de unpoder que anquilosado, vetusto es incapaz de transformarse por sí.
Con una iniciativa política sin antecedentes en la historia, la presidenta, de cara a la sociedad, en el mismo Congreso de la Nación, hace una serie de anuncios sobre visiones y futuros proyectos de ley, tendientes a institucionalizar y democratizar ese poder lleno de vicios burocráticos que se pueden sintetizar en las palabras de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó:
-Sobre el sistema judicial: “Tenemos un sistema esencialmente burócrata”
-Los fiscales: “Necesitamos un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que llegó a un cargo privilegiado con dinámicas clientelares”.
-Los padrinazgos y los parentescos: “Son muy fuertes en el interior, pero no sólo allí. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras”.
-La relación con la sociedad: “Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales”.
-Patologías: “Los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados”.
-La renovación de fiscales y jueces: “Hoy se llega a designar con el resultado medio cantado”.
Por la contundencia empírica de las afirmaciones, es difícil contradecirlas sin más, porque su peso de verdad se impone en el debate.
Ahora bien, más allá de todos estos diagnósticos acertados y compartidos por la gran mayoría (sin consensos absurdos por irreales) una vez más y antes de que se conozca la letra del primer proyecto, surge la voz de la Corporación Iglesia. No de la institución religiosa dedicada a la religión, sino de la Corporación que quiere seguir siendo un factor de poder en (y en lo posible sobre) la decisión del Estado.
Lamentablemente, pese a las décadas transcurridas, la modernidad no ha terminado con el proceso de secularización que definitivamente ponga a cada institución en rol que le compete. Aunque hay que decirlo, el Estado Argentino no participa del poder (o las funciones) ejecutivas, legislativas y/o judiciales de la Iglesia. No es imaginable ver a un político en el cónclave que se está celebrando en Roma para elegir al nuevo papa.
Una vez más, la menos democrática de las instituciones, critica el proyecto oficial (como criticaría cualquier otro que implique el mínimo cambio). Una vez más la crítica sin una mínima propuesta de superación.
Frente a este nuevo embate, hay que hacer algunas consideraciones:
1. Desde la ciencia política y aun desde la política no se puede admitir el concepto de "politización" como asociado a enturbiar, corromper o "conspirar contra la neutralidad". Politización, en sentido puro (no peyorativo ni corrompido) quiere decir, politizar: "Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen" RAE.
2. Justamente esa es la misión democrática del gobierno del Estado, que incluye accionar con y sobre el Poder Judicial a los efectos de fijar límites y proveerlo de herramientas para lograr más eficiencia y legitimidad, es decir: para hacerlo más justo. Y eso no significa ir contra la neutralidad. El Poder Judicial es parte del Estado, no es un poder Soberano. No se da sus propias leyes, sino que se ajusta a las del Estado. De manera que no sólo es función, sino deber del poder político proponer debates y proyectos para el cambio superador de cualquier poder y organismo del Estado. ¿Si el gobierno no toma la iniciativa de reformar, quién la toma?
3. Llama la atención que miembros de una de las instituciones menos democráticas del mundo se preocupen por el "sistema republicano". En la Ley Fundamental se autodefinen como monarquía absoluta. Esto implica que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial recaen en poder de la misma persona. Los miembros rasos y encumbrados (incluidas las mujeres) de esa institución nunca votan (salvo algunos cardenales en excepcionalísimas ocasiones). Y las jerarquías son nombradas por una sola persona con carácter vitalicio. Si hay una organización donde la independencia de poderes y la neutralidad no es posible, es justamente esa.
4. La independencia de los jueces, no es una licencia para hacer entrar a parientes, amigos y recomendados. No quiere decir una impunidad para con los plazos de las sentencias e influencia de los intereses fácticos (económicos y otras hierbas). no quiere decir una habilitación a encumbrarse por encima de los demás poderes.
5. En cuanto a la aludida neutralidad, hay que decir, que en los asuntos públicos tal aspiración es una entelequia. Ahí no hay neutralidad axiológica posible. En estos temas tan transcendentes, hay visiones e intereses que se debaten y se juegan. Y justamente, la expresada por la Iglesia es una de las tantas cosmovisiones e intereses posibles.
6. Sobre la demagogia referida hay que decir, que negarse al diálogo y al debate so pretexto de mantener la neutralidad de los jueces es una verdadera demagogia. Esconde la intención de no cambiar nada, de mantener un orden existente, de conservar un orden, de conservarlo en silencio.
7. Y en el Congreso de la Nación, se ha expresado sin ambages, cualquier iniciativa y proyecto político tiene y va a tener la forma reclamada en el estado de derecho, con un procedimiento legislativo ajustado a lo que la Constitución manda. En ese ámbito como corresponde a una verdadera República, la oposición podrá espacio para proponer y decir lo que quiera (si es que tiene algo más que el "no" para decir). Y hay que anticipar, que en principio no hay ninguna prohibición constitucional de poner en cuestión y mejorar el sistema judicial.
8. Es interesante escuchar por parte de esta Comisión representativa la preocupación por los más necesitados, justamente eso es lo que se viene haciendo con todas las políticas públicas, comenzando por la AUH y siguiendo con un rol muy activo del estado que no cree en el equilibrio natural del mercado, tan propio del neoliberalismo. Sobre este punto crucial, bien valdría que se pronuncien las corporaciones.
Por cierto los ítems podrían seguir, pero como desmitificar algunos conceptos y generar un debate fructífero, parece suficiente. El Poder Judicial no funciona a la altura de la república ni de la democracia. Es turno que sobre república, República, cambios y conservadurismos corporativos, hablemos todos, sin apabullamientos ni silencios anacrónicos.
Álvaro Olmedo
Politólogo - UNSJ
